Manuel Jiménez.
13 de octubre del 2024. Tuxtla Gutiérrez. – Por los hechos ocurridos el 2 de octubre en el tramo carretero Huixtla – Villa Comaltitlán, en el que seis personas migrantes, entre ellas una niña de sólo 11 años, fueron asesinadas por las balas del ejército mexicano, la diputada Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, hizo un llamado a que se realicen las investigaciones con perspectiva de derechos humanos y con garantías de seguridad.
Resaltó que la situación de las personas migrantes plantea retos para el gobierno federal, y entidades y municipios quienes se encuentran en la primera línea de respuesta. La diputada alegó que desde su partido, se han pronunciado contra la militarización del país.
“Desde Acción Nacional, nos hemos pronunciado contra la militarización del país, no ha sido desde una simple postura de oposición política… sino desde la verdadera preocupación respecto a los riesgos que implica entregar al ejército las tareas de seguridad pública, con todas las diferencias en procedimientos y armamento que inevitablemente conllevan”, dijo.
Agregó que se ha documentado de aciones militares con diversos niveles de abusos. Bajo un contexto de pocos procesos de rendición de cuentas y pocas o nulas reformadas para garantizar la transparencia y construir mecanismos de control eficaces.
Determinó que en el caso de la Guardia Nacional, el gobierno se ha negado a cumplir una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que mandata crear mecanismos y protocolos sobre el uso de la fuerza.
Replicó que “los sucesos ocurridos no se pueden ver como un hecho aislado. Hoy, pese a la dimensión de la tragedia, hasta la fecha, fuera de este recinto, ninguna institución, ni nivel de gobierno en Chiapas, donde ocurrieron los indignantes acontecimientos recientes, ha fijado una postura contundente sobre lo sucedido”.
Acotó que desde el Congreso Estatal, “no podemos nuevamente guardar silencio. Debemos condenar los hechos como lo que son: un exceso de la fuerza militar contra inocentes”.
La legisladora hizo un llamado a las autoridades para realizar las investigaciones con perspectiva de derechos humanos, priorizando siempre el testimonio directo de las víctimas, en condiciones dignas, imparciales y garantizando la seguridad.
Además alegó que no se debe solapar, silenciar ni simular los abusos en materia de justicia castrense,
“Lo ocurrido el pasado 2 de octubre debe sacudirnos a todas y todos para generar conciencia, y replantear medidas encaminadas a que tragedias como las del pasado martes no se vuelvan a repetir”, concluyó.