Reporte Ciudadano Las Noticias de Chiapas al Minuto
Manuel Jiménez.
13 de abril del 2026. Tuxtla Gutiérrez.- Con el sol de mediodía castigando la explanada, María Aurelia López Valencia se sujetó el micrófono con manos temblorosas. A su lado, su hijo Alexis sostenía una pancarta casera. No vinieron a pedir limosna ni apoyo social. Vinieron a exigir justicia, y lo hicieron con una denuncia grave: un juez y un secretario de Copainalá habrían recibido hasta 400 mil pesos para liberar a la mujer que, el 23 de marzo de 2025, intentó arrancarle la vida.
“Ella es muy violenta. Ya me había amenazado varias veces, también a mis hijas”, relató María Aurelia, recordando a Martha Isabel “N”, su vecina en Raudales Malpaso. Ese día, un ataque físico estuvo a punto de consumarse. “Gracias a Dios llegó mi hijo y el señor que trabaja en mi casa. Si no, no sé qué hubiera pasado”, agregó.
Tras la agresión, la familia presentó la denuncia por tentativa de homicidio. Martha Isabel “N” fue detenida y enviada al penal El Amate, en Cintalapa, donde permaneció entre seis y ocho meses. La víctima y su hijo confiaban en que la justicia seguiría su curso. Pero en marzo de 2026, sin previo aviso ni explicación, la agresora recuperó su libertad.
“Nadie nos dijo por qué la soltaron. Fue de repente. Y nosotros, con el miedo de que vuelva a hacernos daño”, contó Alexis López Valencia, quien decidió hablar frente a los medios afuera de Palacio de Gobierno para darle nombre y rostro a los presuntos responsables.
Alexis fue contundente: “El juez de control de Copainalá, Juan Gabriel Jiménez Velázquez, y el secretario Martín Alegría López liberaron a la agresora porque recibieron dinero de su familia”. Según el denunciante, el monto del soborno habría sido de entre 300 mil y 400 mil pesos. “Eso es lo que reciben para dejar en libertad a los delincuentes”, sentenció.
Pero las sospechas de corrupción no son el único elemento que enciende las alarmas. El joven describió un proceso judicial lleno de irregularidades: “Estuvieron dos o tres días cancelando y reprogramando audiencias de un día para otro. Hasta que al final se dio el acuerdo al que ellos llegaron. Si no hubiera sido por eso, la señora estaría presa, como debería”.
Actualmente, la familia tiene en trámite un recurso de apelación contra la liberación, aunque lamentan que los funcionarios señalados sigan ocupando sus cargos sin ninguna consecuencia. “No solo soy yo la víctima. Hay muchísimas personas a las que este juez ha dejado libres. No es posible que deje libres a todos los delincuentes”, reclamó María Aurelia, alzando la voz más allá de su propio caso.
El temor por la integridad física de ella y de sus hijos es latente. La agresora vive nuevamente en libertad y en la misma localidad. “Ya nos había amenazado de muerte. Ahora que salió, no sabemos qué pueda hacer”, expresó la señora, mientras su hijo la tomaba del brazo en un gesto de protección.
La conferencia de prensa terminó con dos exigencias claras. La primera, para las autoridades estatales y federales: que investiguen los actos de corrupción denunciados y procedan con la destitución del juez Juan Gabriel Jiménez Velázquez y del secretario Martín Alegría López. La segunda, para las instancias de seguridad: que garanticen protección a la familia ante posibles represalias.
