Reporte Ciudadano Las Noticias de Chiapas al Minuto
Manuel Jiménez.
16 de diciembre del 2025. Jorge Alberto Cortés Grajales, presidente de la Federación Estatal por la Transformación de Chiapas y delegado del Sindicato Irrigación, denunció este martes una serie de irregularidades y lo que calificó como “persecución política” contra transportistas de su organización en la región de la Meseta Comiteca, durante una conferencia de prensa.
Cortés afirmó que, durante un operativo conjunto realizado en el municipio de Las Margaritas, las autoridades de transporte y varios ayuntamientos realizaron detenciones selectivas de unidades identificadas con el logotipo de su sindicato, mientras permitían el libre tránsito de otras.
“Detuvieron solo a las unidades con calca de nuestro sindicato, dejando pasar a las demás”, aseguró el dirigente, quien negó que su organización se dedique a “vender calcas”, tal como se les ha acusado, y explicó que dichos identificativos forman parte del proceso de regularización vehicular que han impulsado en más de 91 municipios.
Además, Cortés denunció que la Secretaría de Movilidad y Transporte, encabezada por Albania González Polito, les ha cerrado las ventanillas para recepción de trámites, lo que impide la regularización de sus agremiados y viola, según él, su derecho constitucional de petición.
Uno de los puntos más graves de su denuncia fue la injerencia de los ayuntamientos en asuntos de transporte, competencia exclusiva del gobierno estatal. Cortés aseguró que algunos transportistas han tenido que pagar multas en efectivo —de hasta 18 mil pesos— directamente a delegados o a los municipios, sin recibir comprobante alguno.
El líder sindical atribuyó esta situación a un conflicto político dentro de la coalición gobernante, señalando que, aunque su sindicato forma parte de la llamada “Cuarta Transformación”, la titular de Movilidad y Transporte responde a otro grupo político dentro de Morena, lo que habría generado un trato diferenciado y persecución hacia sus agremiados.
Como consecuencia de estos operativos, Cortés informó sobre la detención de cuatro indígenas de Las Cañadas Tojolabales, quienes permanecen recluidos sin que se les haya precisado un delito, así como el aseguramiento de al menos 13 vehículos de su sindicato en lo que va del año.
Reveló además que, aunque se había firmado un acuerdo con la Subsecretaría General de Gobierno para suspender los operativos en la zona, este fue “violado” al reiniciarse las detenciones en menos de un mes.
Ante esta situación, hizo un llamado directo al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para que intervenga y ponga fin a lo que consideró “abusos de autoridad, usurpación de funciones y persecución por intereses políticos”.
“Pedimos que se respete el estado de derecho y que el transporte se atienda desde la secretaría correspondiente, no desde los ayuntamientos”, concluyó Cortés.
