Reporte Ciudadano Las Noticias de Chiapas al Minuto
Manuel Jiménez.
28 de abril del 2026 . Tuxtla Gutiérrez. – “No es posible que quien mata a una persona enfrente solo tres años de prisión por encubrimiento”, expresaron Janeth Ventura Mares y Alfredo Sánchez, padres del joven Alfred Hazael Sánchez Ventura —asesinado por sus propios compañeros de universidad el 11 de septiembre de 2025—, denunciaron este martes una red de corrupción que, aseguran, ha protegido a los homicidas durante nueve meses.
En una conferencia de prensa cargada de dolor y furia, la familia no solo reclamó justicia para su hijo, sino que puso nombres y apellidos a los funcionarios que, a su juicio, “vendieron” el caso.
El primer señalado fue el fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Metropolitana, Hugo Fredi Alegría Toalá. Según la denuncia de los padres, este servidor público desvió la investigación para que uno de los responsables enfrentara únicamente el delito de “encubrimiento por favorecimiento”, con una pena máxima de tres años.
“Olvidó por intereses personales el delito de homicidio calificado. Vendió nuestro asunto a favor de los imputados”, declaró la madre del joven, visiblemente afectada.
Los padres revelaron que, aunque el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca y el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dieron instrucciones explícitas de investigar a fondo, Alegría Toalá habría hecho caso omiso y actuado, según la querella, por intereses económicos.
Otra instancia señalada fue la Fiscalía Antisecuestros, que conoció inicialmente la denuncia pero, afirmaron los padres, no dio seguimiento oportuno ni remitió los hallazgos a la Fiscalía Metropolitana. Actualmente, el caso está en manos de la Fiscalía Especializada en Homicidios.
Pero la revelación que encendió la conferencia fue otra: un familiar de uno de los detenidos labora dentro de la Fiscalía General del Estado de Chiapas. “Han triangulado nexos en busca de su libertad”, denunció la mujer.
La denuncia no se detuvo en el Ministerio Público. Los padres también apuntaron contra el juez Manuel Martín Antonio Álvarez, a quien acusaron de estar coludido en el tráfico de influencias. Solicitaron “de manera categórica y contundente” su remoción.
“El juez no se excusó de manera oficiosa. Ya tenemos pruebas y las entregamos al Presidente del Poder Judicial del Estado. Estamos en espera de sus instrucciones. Hemos solicitado su recusación en tiempo y forma”, puntualizaron.
Con el eslogan del gobierno estatal “Cero Impunidad” como telón de fondo, los padres lanzaron una crítica directa: “Todavía hay funcionarios que este lema se lo pasan por alto, pretendiendo entorpecer la justicia a manos del que tiene dinero para comprar la ley”.
A pesar de la desconfianza, hicieron un llamado al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y al fiscal Jorge Luis Llaven Abarca para que pongan “especial atención” al caso, recordando que el propio mandatario ha dicho que se aplicará la ley “caiga quien caiga”.
En medio del señalamiento general, los padres reconocieron el apoyo del coordinador de fiscales, Armando Pérez Narváez, y del fiscal especializado en homicidios, Arturo Pablo Liévano Flores, quienes, aseguraron, han atendido el caso con prontitud y dado seguimiento a la carpeta de investigación.
“El proceso penal seguirá su marcha, pero esta vez ya no confiaremos en nadie”, advirtió.
“No es posible que quien priva de la vida a alguien sea acusado sólo de encubrimiento. Cuánta gente sufre por fiscales que se venden por enriquecerse, sin importarles que lo más valioso es la vida misma”, concluyó la madre.
