Reporte Ciudadano Las Noticias de Chiapas al Minuto
Manuel Jiménez.
5 de agosto del 2026. Familiares y colegas de Antonio Abad Escobar Ovando exigen su liberación tras demostrar con documentos oficiales que el día de la supuesta agresión no había clases y la acusadora tenía permiso médico; la jueza desestimó las pruebas y el maestro permanece encarcelado.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. — Hay casos en los que la evidencia es tan contundente que parece imposible que un inocente siga privado de su libertad. El del supervisor de telesecundarias Antonio Abad Escobar Ovando es uno de ellos. Con 44 años de servicio en las aulas y una hoja de vida intachable, este docente de larga trayectoria se encuentra hoy tras las rejas, acusado de acoso contra una menor de edad, pese a que su defensa presentó pruebas documentales que, en cualquier lógica jurídica, deberían haber echado por tierra la imputación desde la primera audiencia.
La historia, que ha conmocionado al gremio magisterial y a la comunidad educativa de Chiapas, fue expuesta este miércoles en conferencia de prensa por la hija del maestro, Carla Guadalupe Escobar Palacios, acompañada de otros familiares y compañeros de trabajo, quienes denunciaron que el proceso penal en su contra no es más que una represalia encubierta de la maestra Yariela Concepción Cigarroa, autora de la denuncia.
El día que nunca ocurrió
Los hechos, según el relato de la acusación, sucedieron el 29 de noviembre de 2024 en la Telesecundaria 214 de San Cristóbal de Las Casas. Sin embargo, basta con abrir el calendario escolar de ese ciclo para descubrir la primera gran fisura: esa fecha estaba destinada al Consejo Técnico Escolar, una jornada en la que los estudiantes no asisten a clases y los pasillos permanecen vacíos.
Pero el dato que convierte la acusación en un absurdo es aún más revelador. La lista oficial de asistencia al plantel, firmada y sellada, confirma que la profesora Cigarroa no se presentó a trabajar ese día. Su nombre no aparece en el registro, porque contaba con una incapacidad médica vigente emitida por el ISSTECH para esa misma fecha. Es decir: mientras la denunciante asegura que ocurrió una agresión en la escuela, los papeles dicen que ella estaba en su casa, con reposo médico, y que el plantel carecía de alumnos.
Pruebas que no fueron vistas
Ante esta contradicción flagrante, la defensa del supervisor presentó todos los documentos ante la jueza Jenny Guadalupe Espinosa Trejo durante la audiencia inicial. Sin embargo, en un giro que la familia califica como incomprensible, las pruebas fueron desestimadas y el juzgado ordenó la prisión preventiva del maestro.
“Mi padre no es un delincuente, es un educador que dedicó su vida a formar generaciones. No es posible que una denuncia con tantas inconsistencias y con pruebas tan sólidas en contra sea tomada como válida. La denunciante estaba en su casa, con un permiso médico, el día que dice que ocurrieron los hechos. ¿Qué más pruebas necesitan?”, cuestionó Carla Escobar con la voz entrecortada.
El origen de la venganza
La familia sostiene que la denuncia no es fortuita ni responde a un afán de justicia, sino a un móvil de represalia. Según explicaron, el supervisor había atendido semanas atrás quejas formales de padres de familia y directivos en contra de la maestra Cigarroa, relacionadas con conductas inadecuadas dentro del ámbito escolar. La denuncia penal, afirman, llegó como un golpe bajo después de que el maestro cumpliera con su deber de supervisión y reportara las irregularidades.
“Él solo hizo su trabajo. Atendió las quejas de los padres y ahora está pagando con su libertad el haber actuado con rectitud. Esto es un uso perverso del sistema de justicia”, denunció uno de los compañeros docentes que respaldaron la exigencia.
Llamado a las autoridades
En un mensaje dirigido al gobernador Eduardo Ramírez y al Poder Judicial estatal, Carla Escobar pidió una revisión urgente y transparente del expediente, con estricto apego al derecho, para corregir lo que considera un “error judicial de graves consecuencias”.
“Confiamos en que la justicia prevalezca. Pero la justicia no puede esperar. Mi padre lleva ya varios días encerrado injustamente y cada minuto que pasa es una condena a un inocente”, sentenció la hija, quien advirtió además que este caso sienta un peligroso precedente sobre el uso indebido de las denuncias como herramienta de persecución personal.
Mientras la presión social y magisterial crece, la jueza Espinosa Trejo y las autoridades judiciales permanecen en silencio. La familia Escobar, sin embargo, no claudica: seguirá alzando la voz hasta que la verdad documental que reposa en el expediente sea, por fin, escuchada.
