Reporte Ciudadano Las Noticias de Chiapas al Minuto
Manuel Jiménez.
3 de agosto del 2026. Mientras el debate legislativo avanza en torno a la nueva Ley de Aguas, hay una realidad que se cuela por las rendijas de las estadísticas oficiales y se instala en la vida cotidiana de millones de personas: son los propios vecinos, organizados en comités, patronatos y asambleas, quienes mantienen vivo el acceso al agua potable en Chiapas. La Alianza Aguas Comunes ha puesto el dedo en la llaga al advertir que, sin un reconocimiento explícito a estos sistemas comunitarios, cualquier nueva ley estará condenada al fracaso técnico y a la injusticia social.
La cifra es reveladora: cerca de 2 millones de personas, es decir, una de cada tres chiapanecas y chiapanecos, dependen parcial o totalmente de la gestión comunitaria para obtener agua, ante la ausencia o deficiencia de los servicios públicos municipales, especialmente en zonas rurales y periurbanas. Este ejército silencioso de ciudadanos —que limpian pozos, reparan tuberías, organizan faenas y administran presupuestos mínimos— ha asumido durante décadas una responsabilidad que el Estado ha delegado de facto.
El análisis territorial de RED+AGUA Chiapas, coalición que integra a 19 organizaciones especializadas, echó por tierra las cifras maquilladas de la cobertura oficial. Mientras los censos del INEGI (2020) presumían un 89.4% de cobertura, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 revela que apenas el 47.3% de los hogares chiapanecos tiene una toma domiciliaria funcional. Más de la mitad de las viviendas no cuentan con el servicio en la llave. Y el drama se profundiza al constatar que solo el 41.2% recibe agua a diario.
En los municipios rurales e indígenas, donde la infraestructura pública es apenas un espejismo, la organización comunitaria no es una opción, sino la única vía de sobrevivencia. Son los propios vecinos, con herramientas rudimentarias y recursos escasos, quienes garantizan que el agua llegue a sus hogares.
La Alianza Aguas Comunes ha sido enfática: el gobierno no puede usar este esfuerzo colectivo como excusa para desentenderse de su obligación. “No se trata de trasladar la responsabilidad pública a la gente, sino de construir una corresponsabilidad real”, señalaron sus representantes. Por ello, exigen que la nueva Ley de Aguas no solo reconozca a estos sistemas comunitarios como actores estratégicos, sino que les asigne presupuesto, capacitación técnica y acompañamiento institucional.
“Hoy, más de un tercio de la población de Chiapas tiene agua gracias a la organización comunitaria. La nueva ley no puede ignorar esta realidad”, sentenciaron. La oportunidad está en la mesa: legislar no para invisibilizar el esfuerzo ciudadano, sino para convertirlo en política pública. No se trata de darles la espalda a quienes han sostenido el recurso vital, sino de caminar juntos hacia un futuro donde el agua sea, por fin, un derecho garantizado para todos.
