Reporte Ciudadano Las Noticias de Chiapas al Minuto
Manuel Jiménez.
21 de julio del 2026. Tuxtla Gutiérrez.- El Centro de Asistencia Social para Niñas, Niños, Adolescentes y Familias Migrantes de Berriozábal, operado por el Sistema DIF Chiapas, enfrenta una serie de señalamientos que cuestionan no solo su funcionamiento, sino la integridad de quienes lo dirigen y la seguridad de las personas que allí se albergan, en un contexto de creciente preocupación entre familiares de migrantes y defensores de derechos humanos.
De acuerdo con los lineamientos del Programa Nacional de Atención a Migrantes, este centro fue diseñado para brindar atención integral —médica, psicológica, educativa y alimentaria— a niñas, niños, adolescentes y mujeres con hijas e hijos en contexto de movilidad humana.
Sin embargo, testimonios de familiares de migrantes y documentación consultada apuntan a que el inmueble habría comenzado a operar bajo lógicas completamente ajenas a su propósito original.
Uno de los hechos que más inquietud ha generado fue el ingreso de dos menores de edad que no se encontraban en condición de movilidad humana, sino bajo un esquema de resguardo distinto al contemplado por el programa federal. Tras intentar abandonar las instalaciones, el director del centro, Martín de Jesús Salas Marina, habría ordenado al personal administrativo —no capacitado para labores de custodia— realizar vigilancia permanente durante día y noche para evitar nuevas fugas, una medida que, según las denuncias, vulnera los derechos laborales de los trabajadores y expone a los menores a un entorno de contención inapropiado.
Las acusaciones también señalan que los directivos del centro, con autorización de la coordinadora de Centros Asistenciales del DIF Chiapas, Margarita Trujillo Castillo, permitieron el ingreso y permanencia de personas con trastornos mentales.
Esta decisión, advierten familiares de migrantes, habría puesto en riesgo la integridad de quienes permanecen albergados, particularmente de la población infantil que constituye la mayoría de los usuarios, en un contexto donde no existe la capacitación especializada para atender este tipo de casos.
Uno de los casos señalados corresponde a Guadalupe Lucía “N”, madre de Bryant Alejandro Moreno Vera, encargado operativo y administrativo del centro asistencial. De acuerdo con los testimonios, la mujer aparece en la plantilla laboral, aunque presuntamente no acude al centro ni desempeña las funciones para las que fue contratada. Las acusaciones también mencionan la presencia de otros familiares de funcionarios incorporados al proyecto, situación que, de comprobarse, podría constituir una falta administrativa e incluso derivar en responsabilidades por el manejo de recursos públicos y nepotismo.
Las condiciones del inmueble reflejan el abandono denunciado por los propios usuarios. “El agua con la que lavamos la ropa y nos bañamos huele mal. Nuestros hijos se han enfermado de la piel y del estómago”, relató una madre migrante que solicitó mantener su identidad en reserva por temor a represalias. A ello se suma el colapso de las fosas sépticas, que no reciben mantenimiento desde hace más de un año, y una atención al mantenimiento del centro que ha decaído considerablemente.
