Reporte Ciudadano Las Noticias de Chiapas al Minuto
Yolanda Rodríguez/ corresponsal
10 de junio del 2025. San Cristóbal de Las Casas.- Las autoridades penitenciarias del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERRS) No. 5 negaron el acceso a Patricia Aracil Santos, coordinadora de la colectiva Cereza, argumentando que su labor en defensa de los derechos humanos de mujeres privadas de la libertad pone en riesgo el orden del penal. Incluso, se le ha señalado como presunta organizadora de un posible motín, hecho que ha sido calificado como difamatorio por la activista.
En entrevista, Aracil Santos manifestó su extrañeza ante las acusaciones del Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad del estado de Chiapas, señalando que la colectiva Cereza ha acompañado por más de 15 años a mujeres en reclusión, brindando apoyo jurídico y psicológico. “Es preocupante que se criminalice la labor de defensa de derechos humanos y que se intente desacreditar a quienes hemos trabajado con respeto y compromiso por tanto tiempo”, señaló.
La defensora denunció también una serie de condiciones que agravan la situación de las internas en el CERRS No. 5, como la implementación de medidas restrictivas similares a las de un penal federal, la limitación de visitas familiares, el hacinamiento en los dormitorios debido al sobrecupo, la falta de atención médica continua y la mala calidad de los alimentos que se les suministran.
Frente a estas acciones, organizaciones nacionales e internacionales han expresado su respaldo a la activista. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de México y Amnistía Internacional manifestaron su solidaridad con Aracil Santos y condenaron las declaraciones del funcionario estatal, exigiendo respeto a la labor de defensa de los derechos humanos y el cese de cualquier forma de criminalización.
Mientras se esclarecen las imputaciones, la colectiva Cereza reiteró su compromiso con la defensa de las mujeres en situación de reclusión y llamó a las autoridades a garantizar condiciones dignas y un trato justo en los centros penitenciarios del estado.
