Reporte Ciudadano Las Noticias de Chiapas al Minuto
Yolanda Rodríguez/ corresponsal
28 de abril del 2025. San Cristóbal de Las Casas.- El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) denunció que funcionarios de gobierno de los municipios de Tila y Venustiano Carranza han recurrido a amenazas contra sus integrantes, contradiciendo el discurso oficial que privilegia el diálogo y la vía institucional para atender demandas sociales. Según el FNLS, desde el inicio de la actual administración, han apostado por el acercamiento y la entrega de pliegos petitorios, con la expectativa de resolver sus planteamientos políticos, sociales y económicos.
La organización señaló que en abril lograron una audiencia con la Subsecretaría de Relaciones Políticas y Mediación de la Secretaría General de Gobierno, la cual se desarrolló en un ambiente cordial y abrió la puerta para futuros encuentros. Sin embargo, acusan que delegados de gobierno, como Mario Alberto Román Díaz en Tila y Héctor Fong Rovelo en Venustiano Carranza, han citado a sus compañeros para abordar supuestas gestiones, pero en realidad han amenazado con desalojos, detenciones y operativos policíacos.
El FNLS sostiene que las acciones de estos funcionarios buscan generar un clima de zozobra entre sus integrantes, en un intento de frenar su lucha por los derechos humanos y constitucionales. En Petalcingo, por ejemplo, se amenaza con desalojos por la ocupación de terrenos para vivienda, mientras que en Efraín Espinoza Pérez se plantea un operativo para recuperar un vehículo retenido tras un acto represivo previo.
Ante esta situación, el Frente cuestiona si las amenazas y actos de intimidación se trata de contradicciones internas que buscan cerrar los espacios de interlocución política con organizaciones populares como la suya.
A pesar del escenario adverso, el FNLS reafirmó su compromiso con la vía del diálogo y expresó su disposición a continuar buscando soluciones pacíficas a sus demandas. Al mismo tiempo, advirtieron que no dudarán en denunciar cualquier intento de criminalizar, intimidar o reprimir su lucha, responsabilizando a las autoridades municipales y estatales de cualquier agresión en su contra.
