Reporte Ciudadano Las Noticias de Chiapas al Minuto
Yolanda Rodríguez/ corresponsal
6 de marzo del 2025. San Cristóbal de Las Casas.- La Colectiva Cereza ha denunciado la violencia institucional que enfrentan las mujeres de los pueblos originarios en Chiapas, particularmente la criminalización basada en sus vínculos familiares y afectivos. En su reciente pronunciamiento, subrayan el caso de Alejandra, una mujer condenada a 110 años de prisión sin pruebas directas en su contra.
Afirman que esta situación refleja un patrón de discriminación de género en el sistema de justicia.
Según la Colectiva, las fiscalías y jueces han colaborado en prácticas que violan derechos humanos, imponiendo sentencias condenatorias sin pruebas suficientes y con procesos viciados. Critica la tendencia de responsabilizar a las mujeres por los delitos cometidos por sus parejas, padres o hijos, perpetuando una visión patriarcal dentro del sistema judicial.
En el caso de Alejandra, su condena se basó en su relación con uno de los acusados, pese a que las pruebas demostraron su inocencia.
El posicionamiento denuncia que las pruebas circunstanciales utilizadas contra Alejandra no son suficientes para justificar su sentencia.
Peritajes técnicos y testimonios confirman que ella no se encontraba en el lugar de los hechos, y su teléfono, vinculado al delito, estaba en posesión de otra persona. La colectiva señala que la discriminación y los prejuicios de género influyeron en la decisión judicial, mientras que otros acusados varones recibieron penas menores.
Además, advierten sobre la manipulación de pruebas y la presión ejercida sobre instituciones como el DIF para validar procedimientos irregulares. Denuncian que las fiscales siguen utilizando a niñas, niños y adolescentes en contra de sus madres, violando sus derechos. Esta falta de debido proceso, argumentan, contribuye a la perpetuación de la injusticia y la violencia en la sociedad.
Finalmente, la Colectiva Cereza exige la revisión de la condena de Alejandra con perspectiva de género y derechos humanos. Hacen un llamado a las autoridades para garantizar procesos justos y terminar con la fabricación de delitos contra mujeres inocentes. “Alejandra es inocente”, afirman, y su caso no debe ser un precedente más de impunidad y discriminación en el sistema de justicia mexicano.
