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Lea la columna En la Mira Héctor Estrada

Chiapas, de los mas mortíferos para activistas Lo que ya antes había advertido la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha sido confirmado este martes por Amnistía Internacional: Chiapas se ha convertido este 2019 en una de las dos entidades de México más peligrosas para ambientalistas y defensores de Derechos Humanos. Según datos de la reconocida organización, en lo que va del año Chiapas y Oaxaca han registrado la mayor cantidad de asesinatos cometidos contra activistas. Cinco de estas víctimas fueron atacadas en Oaxaca y la otras cuatro al interior de territorio chiapaneco. La primera víctima del año fue Sinar Corzo Esquinca, asesinado en Arriaga, Chiapas, el 3 de enero. Murió por heridas de bala después de ser tiroteado. Su activismo había estado centrado en el agua, la vivienda y la salud, aunque en los últimos años también defendió a damnificados por el sismo de 2017. Noé Jiménez Pablo y José Santiago López fueron asesinados en Amatán, Chiapas, el 18 enero. Ambos participaban en un plantón de protesta contra el alcalde, Manuel Carpio Mayorga. Hombres armados irrumpieron en la protesta y secuestraron a los dos activistas. Sus cuerpos aparecieron un día después en un vertedero con evidentes signos de tortura. El alcalde terminó por renunciar a su cargo al ser señalado como instigador de los asesinatos. A la lista de Amnistía Internacional se sumó apenas el pasado 11 de junio el asesinato José Luis Álvarez Flores en Palenque, Chiapas. Álvarez Flores era ambientalista, dedicado a la defensa de extensas zonas que hoy son el hábitat del mono saraguato. También había formulado diversas denuncias por extracción de arena en la márgenes del río Usumacinta, que habían generado amenazas esporádicas en su contra. México es el sexto país del mundo más peligroso para los ambientalistas, según informes de la ONG Global Witness. Esta asociación detectó que en 2017 fueron asesinados 15 defensores y en 2018 otros 14. A falta de tres meses para que concluya el año ya se han contabilizado 12 homicidios, por lo que las cifras de ataques se mantienen en la línea de años anteriores. A los homicidios perpetrados en Chiapas se suman los asesinatos de Óscar Cazorla, activista por los derechos de las personas LGBTI y defensor de la comunidad muxe, quien fue ultimado el 9 de febrero en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Además de los casos de Samir Flores, defensor indígena de la tierra y el territorio frente a megaproyectos que fue asesinado el 20 de febrero en su casa de Amilcingo, Morelos; así como el homicidio de Abiram Hernández, activista y defensor de derechos humanos en el estado de Veracruz. A la lista de activistas asesinados se suman los nombres de Rafael Murúa Manríquez en Mugelé, Baja California Sur; Bernardino García Hernández en Zimatlán de Lázaro Cárdenas, Oaxaca; Gustavo Cruz Mendoza en el municipio Santiago Jocotepec, en Oaxaca; Eulalia Lilia Díaz en Santiago Tianguistenco, Estado de México; Luis Armando Fuentes en San Francisco Ixhuatán, Oaxaca; y Telésforo Santiago Enríquez en el municipio de San Agustín Loxicha, Oaxaca. Los datos revelados no son asunto menor. Reflejan el elevado grado de vulnerabilidad al que se tienen que enfrentar todos los días quienes defienden los derechos humanos en México, pero sobre todo dejan de manifiesto la incapacidad del Estado para brindar protección efectiva a activistas y defensores en medio de un país secuestrado por la corrupción y la violencia criminal… así las cosas.
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