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Lea la columna; En la Mira de Héctor Estrada

Mediante un procedimiento judicial que tomó por sorpresa a muchos incrédulos, la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) dio a conocer este fin de semana el desarrollo de las investigaciones que ya se siguen en torno al “quebranto financiero” perpetrado contra la Secretaría de Salud estatal durante el gobierno de Manuel Velasco Coello, que tiene hoy en la mira al ex titular de dicha dependencia, Francisco Ortega Farrera. 

De acuerdo al comunicado hecho público por la dependencia estatal, en días pasado fue citado a declarar el ex director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, Jairo Cesar Guillén Ramírez, debido a la presunta comisión de delitos como: ejercicio ilegal del servicio público, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades.

“Se trata del primer ex funcionario de la Secretaría de Salud del Estado en ser llamado por las autoridades ministeriales para dar cuentas del manejo de los recursos financieros, como la contratación de plazas sin el debido techo presupuestal, lo que derivó en falta de pago a proveedores, incumplimiento en pago de impuestos de los trabajadores y falta de medicamentos en las unidades médicas”.

Y no es para menos, desde 2017 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades financieras por alrededor de 187 millones de pesos destinados a diferentes programas y rubros presupuestales del sistema de salud estatal que simplemente no aparecían por ningún lado. Se documentaron ante la ASF un total de mil 204 denuncias para deslindar responsabilidades.

A lo anterior se suman 466.8 millones de pesos que la administración de Francisco Ortega  presuntamente retuvo vía nómina a los empleados; además de 300 millones de pesos de ISR que nunca fueron reportados al Servicio de Administración Tributario (SAT), la inauguración de hospitales sin haber sido concluidos o equipados, y un permanente desabasto de medicamentos que nunca llegaron a su destino. 

Sin embargo, el mayor de los escándalos se desató justo a finales de la “adminitración verde” cuando se dio a conocer la existencia de bodegas repletas de medicamentos ocultos por las propias autoridades de Salud. Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, se trataba de miles de fármacos que eran guardados para ser sometidos a falsos procesos de licitación y ser posteriormente “recomprados” como lotes de nueva adquisición.

En total se acumuló un listado de más de 35 páginas con nombres de medicamentos y material de curación que fueron adquiridos desde el año 2016, pero nunca llegaron a las clínicas o centros hospitalarios estatales.

Dentro de la lista se encontraban medicamentos reportados como “agotados” en el transcurso de los años 2017 y 2018. Incluso fueron encontradas numerosas cajas de fármacos para la atención urgente de cuadros de dengue, que fueron reportados con desabasto justo durante la epidemia de dengue que causó la muerte de 33 personas en la entidad chiapaneca.

El cúmulo de irregularidades cometidas por Francisco Ortega Farrera, durante el gobierno de Manuel Velasco, se ha convertido en uno de los más graves crímenes contra la salud en Chiapas de los últimos años. Se trata pues de un caso plagado de corrupción y cinismo que cobró la vida de personas para quienes, de ser ciertas las inteciones del nuevo gobierno estatal, la justicia debe llegar más temprano que tarde… así las cosas. 

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