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Lea la columna: En la Mira de Héctor Estrada

La resistencia vecinal contra los excesos del Poder Judicial en Tuxtla

La defensa de colonos en Tuxtla Gutiérrez para defender su espacio público parece haberse transformado en un guerra encarnizada que el Poder Judicial del Estado de Chiapas ha decidido ganar “por la fuerza y a costa de lo que sea”, en medio de una lucha desigual, plagada de irregularidades y violaciones a los derechos humanos que apunta a convertirse en un escándalo de mayores dimensiones.

La controversia hoy gira en torno a un predio de siete mil metros cuadrados, ubicado en el Fraccionamiento El Bosque, al norte oriente de la capital chiapaneca. Hace más de 35 años, como parte del desarrollo del complejo habitacional, el predio fue dispuesto como área de donación para el desarrollo de espacios verdes o centro de esparcimiento común para colonos. Y así se mantuvo durante años.

Pese al olvido de las administraciones municipales, con el paso de las décadas fueron los propios colonos quienes adoptaron el espacio, adecuándolo como parque de la colonia, con el desarrollo de actividades deportivas y culturales. El lugar, colindante a la sede del Poder Judicial del Estado (PJE), muy pronto se convirtió es un área arbolada de convivencia vecinal. Pero las autoridades tenían otros planes para el lugar.

Los rumores sobre la inminente destrucción del parque para dar paso al Centro de Convivencia Familiar Supervisada (Cecofam) del PJE cobraron fuerza durante los primeros meses del año. Y la alerta se “encendió” entre los vecinos, quienes de inmediato comenzaron a organizarse para enfrentar la irrupción de la maquinaria pesada para despojarlos de su parque.

Fue en mayo cuando las advertencias finalmente se materializaron. El Poder Judicial, a cargo de Juan Oscar Trinidad Palacio, iniciaría el proceso de construcción, con o sin la venia de los habitantes del fraccionamiento. Con ello comenzó un movimiento de resistencia vecinal, para defender el espacio. Se organizaron manifestaciones públicas y guardias para evitar el ingreso de la maquinaria pesada, pero todo fue aplastado con el excesivo uso de la fuerza pública.

A finales del mes de mayo un nutrido grupo de elementos policiacos armados fue movilizado para realizar el desalojo de los colonos. Como si se tratara de delincuentes de alta peligrosidad, los elementos de seguridad irrumpieron en el lugar, desencadenando la detención de tres vecinos (Magali Ruiz Ramírez de 54 años, Oscar Robles Ruiz de 27 años y María Antonia Salazar de 51 años). El sucedo quedó documentado en diversos medios de comunicación.

De inmediato el Poder Judicial salió a justificar el procedimiento, argumentando la propiedad del predio con base en el Decreto 143, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas del 27 de abril del año 2005. Se trataba de una donación hecha por el entonces presidente municipal Juan Sabines Guerrero para la construcción del Archivo Judicial Central y Juzgados de Primera Instancia.

Sin embargo, al PJE se le escapó un pequeño detalle dentro de la explicación dada. Omitió precisar que el decreto de 2005 (también con evidentes irregularidades) había quedado invalidado de facto, pues dentro de los detalles quedó estipulado que la donación sólo sería efectiva para la construcción del Archivo y los Juzgados, de lo contrario quedaba sin efectos. Así quedó de manifiesto en los documentos expuestos por los abogados de los vecinos inconformes y el periodista Bernardino Toscano, quien se encargó de realizar una profunda investigación sobre el caso.

Y es que, aunque el Poder Judicial asegura tener una escritura pública (bajo el número de registro 9023, de la Notaría Pública 46), lo cierto es que, pese a las solicitudes de información, hasta el momento ninguno de los documentos referidos ha sido hecho público. Y aunque así sucediera, las precisiones que invalidan el anómalo decreto de donación realizado en 2005 abriría nuevas líneas de investigación sobre posibles redes de corrupción que estarían implicando la participación de notarios y más autoridades en posibles procedimientos ilícitos.  

No es coincidencia que la herramienta digital “No Compres Riesgos”, puesta en marcha por el Gobierno de Chiapas en abril de 2018, y oficializada mediante la publicación del periódico oficial No. 361 4/04/2018, tenga registrado al predio como área “No Urbanizable”, destinada a la Recreación y Deporte, ubicada además en zona de riesgo por inundaciones y hundimientos.

La presuntas amenazas hechas contra el periodista Bernardino Toscano, debido a la investigación realizada, han encendido la controversia sobre un caso que luce plagado de irregularidades y excesos. Juan Oscar Trinidad Palacios es un personaje bastante conocido por la violación persistente a los Derechos Humanos y sus excesos en uso del poder. Generar un escándalo de manera tan prematura, por un capricho de este tipo, es una decisión innecesaria que definitivamente no puede permitirse… así las cosas.

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