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Lea la columna; En la Mira de Héctor Estrada

Chiapas ha perdido el 70% de su masa forestal

La pobreza, la falta de conciencia, las millonarias ganancias generadas y la incapacidad o corrupción de las autoridades responsables han provocado un incremento descontrolado de la tala ilegal en Chiapas y sus devastadoras consecuencias ecológicas. Las cicatrices son evidentes y las cifras no mienten. En sólo siete décadas la entidad chiapaneca ha perdido el 70 por ciento de su masa forestal.     

Se trata de un negocio redondo que no requiere mayor inversión que la cadena de complicidades y omisiones para poder ingresar a las zonas forestales y saquear cientos de metros cúbicos de madera en la absoluta impunidad. No se trata de un delito que pueda pasar fácilmente inadvertido.

Los enormes camiones cargados con toneladas de troncos cercenados deambulan por los caminos y carreteras del país, en su mayoría, sin mayores preocupaciones. Tan sólo en 2018 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) incautó un total de 31 mil 400 metros cúbicos de madera ilegal, sin embargo sólo representa entre el 10 y 20 por ciento de la madera saqueada ilegalmente de los bosques y selvas.

Resulta evidente que no hay control efectivo, la capacidad de las autoridades ha sido completamente rebasada por la numerosa presencia de grupos delincuenciales dedicados a este delito. El pago de sobornos a comuneros, ejidatarios, pobladores y autoridades de los tres niveles de gobierno resulta poco para las jugosas ganancias que se generan por la extracción, tráfico y venta ilegal de la madera.

Según datos de la Agencia de Investigación Ambiental, Chiapas se ha convertido en un ‘paraíso’ para este trafico ilegal. Grupos de talamontes son explotados por células organizadas que apenas les pagan dos mil pesos por camión, mientras que estos obtienen ganancias superiores a los 40 mil pesos por carga, generando dividendos calculados entre los 30 y 100 mil millones de dólares anuales.

La Selva Lacandona es la que más afectaciones ha sufrido. El paisaje verdoso que presumían a mediados del siglo pasado con más de 1.8 millones de hectáreas ha sido trastocado por heridas de color café que hacen evidente su agonía. Hoy sólo quedan 500 mil  hectáreas; es decir, en las últimas siete décadas se ha perdido el 72 por ciento del terreno que ocupaba la selva más grande del país, de acuerdo con autoridades ambientales.

El Programa Nacional Forestal 2013-2018 ubicó entre los tres estados más afectados por la delincuencia organizada dedicada a la tala forestal a las entidades de  Michoacán, Oaxaca y Chiapas, seguidas del Estado de México, Hidalgo, Veracruz, Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Colima y Durango. Siendo Chiapas la entidad con mayor avance en las afectaciones durante la última década.

La plataforma Global Forest Watch ha advertido que tan sólo en 2016 México perdió 274 mil 183 hectáreas de bosques, principalmente por el avance ganadero y agrícola, destacando los afectos sobre estados como Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Oaxaca, Yucatán y Veracruz.

Y las alarmas no son para menos. Actualmente se estima que el 90 por ciento de la madera comercializada en Chiapas es ilegal, es decir proviene de aserraderos clandestinos que talan arboles sin ninguna regulación. Según cifras de organizaciones no gubernamentales, anualmente en la entidad se comercializan 400 mil metros cúbicos de madera.

Los datos son reveladores y advierten lo que parece evidente. De poco servirán las masivas campañas de reforestación mientras no se mejoren las estrategias de vigilancia y desarticulación a las bandas de “talamontes”. La generación de conciencia ambiental y la alianza con comunidades para resguardar las áreas forestales debe ser el objetivo para hacer frente a una lucha que resulta bastante compleja de fondo… así las cosas.

 

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