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Lea la columna: En la Mira de Héctor Estrada

Impuesto por alumbrado público en Tuxtla es inconstitucional

El gobierno de Carlos Morales Vázquez no sale de un escándalo para entrar a otro. Esta vez ha sido el nuevo impuesto por Derecho de Alumbrado Público (DAP) el que ha colocado al ayuntamiento de Morena en Tuxtla Gutiérrez en medio de las críticas y las descalificaciones debido a una controversial decisión que no sólo ha resultado impopular, sino también anticonstitucional.

El nuevo impuesto por alumbrado público plantea un cobro adicional del dos por ciento al consumo de energía eléctrica dentro de cada recibo de la CFE. Es decir, cada familia, empresa o establecimiento en la capital chiapaneca pagará dos por ciento más de lo facturado durante el bimestre. Una recaudación general que finalmente será entregada al ayuntamiento para la supuesta rehabilitación y mejora de la red de alumbrado municipal.

La noticia ha causado inmediato rechazo e indignación entre la población, y no es para menos. La capital de Chiapas ha padecido durante la última década una serie de gobiernos rapaces que saquearon las arcas municipales, dejando a la ciudad en la bancarrota, y ahora resulta que será la ciudadanía quien tendrá que “pagar los platos rotos” mediante nuevos impuestos, mientras los responsables se pasean en total impunidad.

Es verdad, la creación del nuevo Derecho de Alumbrado Público (DAP) en Tuxtla Gutiérrez no fue iniciativa del gobierno que ahora encabeza Carlos Morales. Las modificaciones al Artículo 56 dentro de la Ley de Ingresos fueron aprobadas desde agosto de 2018 por el entonces presidente municipal interino Carlos Molano. Sin embargo, Morales Vázquez está intentando “lavarse la manos” y evitar un responsabilidad que también es suya.

Lo que el actual presidente tuxtleco no dice es que el 31 diciembre de ese mismo año la “Comisión Reguladora de Energía” realizó observaciones y cambios a criterios generales que impidieron la aplicación del nuevo impuesto; que el ayuntamiento que ahora preside fue notificado y tuvo la posibilidad detener el proceso, sin embargo decidió realizar los cambios y ratificar el gravamen con la votación de cabildo realizada el pasado 26 de abril.

Sí, aunque ahora quiera ahora quitarse culpas, el gobierno de Carlos Morales fue quien finalmente dio viabilidad al nuevo Derecho por Alumbrado Público. Con el nuevo impuesto municipal la administración de Morena en Tuxtla Gutiérrez pretende recaudar alrededor de 1.6 millones, mediante la contribución de más de 134 mil usuarios registrados ante la Comisión Federal de Electricidad. Se trata pues de un jugoso monto mayor a los 19 millones de pesos anuales, adicionales para el ayuntamiento.

Lo que no advirtieron a Carlos Morales, o simplemente decidió ignorar, es que la medida resulta abiertamente ilegal; que su similar aplicación en otros municipios de México ya ha generado dolorosos tropiezos para los gobiernos locales, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) ha determinado ya su inviabilidad por razones muy simples: se trata de un impuesto no previsto por la legislación local que, además, transgrede las facultades exclusivas de la federación establecidas en el Artículo 73 de la Constitución Mexicana.

El ciudades como Mérida, Yucatán, el impuesto ha sido invalidado mediante una cascada de amparos individuales y acciones de inconstitucionalidad que apuntan a dejarlo muy pronto sin efectos generales. En otros municipios de entidades como Baja California, Quintana Roo, Durango y Tamaulipas la situación no es diferente, provocando además elevados costos políticos para las administraciones que lo han aplicado.   

¿Quién asesora a Carlos Morales? En menos de seis meses ha entrado a una vorágine de escándalos y controversias que han desplomado sus niveles de popularidad y aprobación entre la ciudadanía demasiado rápido. La presidencia municipal regalada por el “efecto Obrador” se le ha comenzado a desboronar bastante pronto entre las manos y no parece dar señales de enderezar el camino.

La población tuxtleca está cansada de abusos, impunidad y complicidad entre los gobiernos municipales. Antes de avalar un nuevo impuesto, Carlos Morales está obligado a proceder legalmente contra quienes propiciaron la bancarrota municipal y no decidir por el camino fácil de castigar nuevamente a los mismos de siempre: la ciudadanía… así las cosas.

 

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