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Lea la columna; Artículo Único de Angel Mario Ksheratto

Protocolos fracasados

Imposible ocultar la ola de feminicidios que se ha levantado en Chiapas; de un tiempo para acá y derivado de presiones de grupos sociales, se han establecido protocolos de todas las modalidades que, evidentemente, han sido insuficientes. Un factor que ha contribuido al fracaso de todas las medidas, ha sido la inaplicabilidad de la normativa en cuanto a la prevención y en lo tocante al sistema penal, principalmente en los últimos tres sexenios previos al que recién se inauguró.

Hace unos días, la diputada Ana Romero Basurto, dijo en una entrevista que de nada sirven las leyes para castigar los feminicidios, si no se aplican correctamente y si no hay voluntad de las autoridades para invertir en la seguridad de las mujeres agraviadas con el fenómeno. Y tiene razón.

Una de las causas de fondo, es la impunidad; otra, la corrupción. Una más, la falta de transparencia en cuanto al actuar de los juzgadores —tanto federales como estatales— y otra, la falta de capacidad del ente investigador para integrar las averiguaciones previas que, frente al juez, carecen de los elementos probatorios necesarios para ligar a proceso a los responsables de tan deleznables delitos.

Cuando hablamos de insuficiencia de los protocolos, quizá nos quedemos cortos. Hay componentes más allá, que fortalecen el machismo exacerbado, independientemente de las calificaciones, a veces ociosas, que delimitan el alcance de la visión de un delito que, sin caer en provocaciones, raya en la intención dolosa de exterminar a las mujeres.

No estamos frente a una situación de fácil solución; para erradicar la violencia contra las mujeres, no solo hacen falta protocolos, tratados, convenios, discursos, marchas, señalamientos, acusaciones. Hacen falta acciones contundentes.

Ofrecer dinero a las víctimas de la violencia contra la mujer o a sus familias cuando el feminicidio se haya consumado, es una burla. Un insulto inaceptable. Puede que quepa dentro de un esquema de reparación del daño de manera integral, pero no como una limosna, como pretende el presidente López. La dignidad y derechos de las mujeres, no es mercancía caduca, como para ofrecerles unos centavos para medio paliar el hambre.

Las acciones deben ir mucho —pero mucho— más allá de intentos de congraciamientos pueriles. Se debe comenzar por, primero, invertir dinero para la capacitación de los cuerpos de policía y crear grupos especializados de investigación. Deben éstos, elaborar cuestionarios respetuosos de la dignidad femenil para medir la potencialidad del riesgo que corren quienes, por su condición de mujer, hayan recibido amenazas, golpes, insultos de parte de un familiar, su pareja o un empleador o compañero de trabajo.

Debe abrirse un Registro de Potenciales Feminicidas, a quienes se dé seguimiento especial, para proteger a otras mujeres de sus acciones violentas. Así mismo, establecer un Registro de Extranjería o de habitantes en Chiapas provenientes de otras entidades federadas, en los que se recabe información sobre sus antecedentes penales, actividades, proclividades, etc., etc.

Reforzar las medidas cautelares con prisión preventiva, de acuerdo al grado de peligrosidad del acusado, así como dar obligatoriedad al seguimiento y vigilancia de éste, durante el proceso penal a que sea sometido. Restringir el acercamiento del susodicho a la víctima.

Para reformular, mejorar y cambiar estrategias actuales, debería ser necesaria la creación de un grupo policial especializado, para investigar las denuncias. Sucede que a actualmente, cualquier MP es designado, aun cuando no tenga experiencia, pericia, conocimiento y otras cualidades y habilidades para ese tipo de investigaciones.

Otorgar a los grupos de apoyo (organizaciones de feministas serias y defensoras de los derechos humanos y de la mujer y los niños y niñas), facultades para actuar como demandantes solidarias, para un mejor acompañamiento de las víctimas. Crear un Consejo interinstitucional y ciudadano, para vigilar las tareas del fiscal investigador y el juzgador y así

cerrar el paso a la corrupción.

Es decir, debe haber una plataforma integral, que responda de manera inmediata a una alerta; con ello, se podrá eliminar una serie de requisitos burocráticos, en el caso, por ejemplo, de la desaparición de una mujer. Lo idóneo sería que los diputados, creasen las herramientas jurídicas y legales adecuadas, para que la procuración y administración de la justicia, actúen con inmediatez y eficacia.

Es de manera conjunta, como se podrá lograr erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. En ese sentido, debemos dejar atrás las descalificaciones a priori que no han tenido otro objetivo más que el de alimentar el odio entre géneros. Olvidémonos eso de que “todo hombre es un potencial feminicida” y que “la mujer, por su forma de vivir o de vestir, provocó su desgracia”. Ya es tiempo de ponernos a trabajar, para protegernos unos a otras y otras a unos.

Transitorio.

Entiéndase y cúmplase.

Pd.: No estaría de más que se instalen retenes para detener, interrogar e investigar a quienes tripulan y viajan en autos sin placas, placas sobrepuestas y placas de otros estados. Ahí puede estar la clave para frenar la ola de violencia en general.

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